Relmu Ñamku: criminalización y resistencia

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONTRA EL NEGOCIO DEL PETRÓLEO

AZUL PICÓN

A principios de noviembre un fallo histórico absolvía a Relmu Ñamku, autoridad mapuche de la comunidad Winkul Newen, de la acusación de tentativa de homicidio contra una oficial de justicia que llevaba una orden de desalojo. Crónica de una causa armada para criminalizar la defensa de los territorios ancestrales, en pos de la avanzada petrolera.

Relmu Ñamku pertenece al Lof (comunidad mapuche) Winkul Newen, que ha vivido ancestralmente en el paraje Portezuelo Chico en el centro de la provincia de Neuquén. El hecho por el que fue imputada junto a Martín Maliqueo y Mauricio Rain (este último de la comunidad Wiñoy Folil) ocurrió el 28 de diciembre de 2012, pero los orígenes del conflicto se remontan tiempo atrás.

La comunidad Winkul Newen viene resistiendo los avances de las petroleras en la zona desde hace una década. Primero fue Pioneer, luego Apache Corporation y hoy Yacimientos del Sur, subsidiaria de YPF. La comunidad comenzó la resistencia cuando la petrolera Apache quiso instalar nuevos pozos dentro del territorio mapuche (había 9 y tenía planificados 40) en una clara situación de atropello, donde no se respetaron las leyes y convenios que amparan a las comunidades originarias, como el convenio 169 de la OIT, la Ley 26.160 y el artículo 75 de la Constitución Nacional. La resistencia de la comunidad logró frenar las masivas instalaciones de pozos, y solo pudieron instalar uno más.

El Lof Winkul Newen vive sobre el petróleo que extraen las multinacionales, pero la comunidad no tiene gas ni electricidad. El agua fue un elemento de extorsión, según explicó la antropóloga Diana Lenton en el juicio, la petrolera Apache la usaba como moneda de cambio: si la comunidad reclamaba, la petrolera cortaba el agua que les entregaba.

El impacto que genera la extracción de hidrocarburos es irreversible. Afecta la cultura, ya que altera el equilibrio ecológico y por lo tanto la manera de relacionarse con la naturaleza, y también la economía de la comunidad, que es la cría de ganado. Como denunciaba Relmu:

El avance de las petroleras genera desertificación, por lo tanto tenemos menos campo para producir, para tener nuestros animales; los animales se contaminan y son nuestra economía, nuestro sustento diario [1].

El 28 de diciembre de 2012 era el último día hábil del año y faltaban pocas horas para que comience la feria judicial. La comunidad estaba en la ceremonia de entierro de una beba que había nacido con malformaciones congénitas, producto de la contaminación –como denuncia la comunidad– cuando irrumpió una caravana de policías, camionetas de la petrolera y retroexcavadoras. Una oficial de justicia traía una orden de desalojo que había sido librada por la jueza Ivonne San Martín, del juzgado de Zapala. La comunidad en su conjunto decidió resistir el desalojo y se defendió con piedras. Una de ellas hirió a la oficial de justicia Verónica Pelayes.

La Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, indica que deben suspenderse los desalojos a las comunidades originarias hasta tanto se concluyan los relevamientos territoriales. Esta ley es continuamente vulnerada y esta no fue la excepción. Los miembros de la comunidad pedían que se fueran de sus tierras –lo cual fue confirmado por el testimonio de un policía en el juicio–, la petrolera tenía fuertes razones para ingresar y el aval del Estado (la medida judicial y la policía). La comunidad no lo iba a permitir.

La batalla cultural contra los mapuches

La campaña mediática para difamar a la comunidad y a las autoridades mapuches no se hizo esperar. “Se decía que lo único que nosotros queríamos era un acuerdo económico y que usábamos como una pantalla la cuestión medioambiental y cultural para buscar buenos acuerdos” decía Relmu Ñamku en abril a La Izquierda Diario [2].

La fiscal Sandra González Taboada –quien tiene pedido de juicio político por irregularidades y mal desempeño en la causa que investiga la desaparición del estudiante Sergio Ávalos– junto al fiscal Marcelo Jofré, el abogado Julián Álvarez y el abogado de la petrolera Mariano Brillo instalaron en los medios provinciales que Verónica Pelayes estaba sola y que solo se trataba de una notificación (no de un desalojo), para hacer pasar como desmedida la defensa de la comunidad. Pero las contradicciones quedaron en evidencia con las preguntas de los abogados defensores sobre la particularidad de un amparo obtenido el último día hábil del año y ¿por qué para una simple notificación, había concurrido con policías, guardias privados de la empresa y una retroexcavadora [3]?

La “batalla cultural” contra las comunidades mapuches, crece al ritmo del avance de las petroleras y el frackingen la provincia. El propio gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, que en 2012 reconoció a la comunidad Campo Maripe como primeros pobladores, dijo un año después que esa familia “no era mapuche”, que “vinieron de Chile”. Su primo Luis Sapag afirmó cuando se gestaba el acuerdo YPF-Chevron que “YPF no fue a instalarse en la tierra de los mapuches”, sino que éstos “fueron a poner sus casas donde estaba YPF para generar toda esta movida” [4].

En nombre de una supuesta “argentinidad” los soldados de las multinacionales se arrogan el derecho a decidir quiénes son los auténticos y los falsos mapuches. Y no nos sorprende. Hace un año la antropóloga Diana Lenton explicaba en esta revista:

De tanto en tanto y crecientemente, nos hemos acostumbrado a encontrar en los medios de comunicación […] editoriales o notas de “Opinión” que giran en torno a la idea de que los mapuches son parte ilegítima de un conflicto social y político […] los conflictos ambientales y territoriales, como los que suscita la actividad petrolera, la minería, las explotaciones forestales y turísticas, frente a los que el pueblo mapuche viene mostrando una voz firme y coherente, son leídos en clave de soberanía […]. Esta clave consiste en afirmar que los mapuches no tienen derecho alguno en su condición de Pueblos Originarios porque en realidad serían extranjeros (chilenos); que por ende su presencia en territorio argentino y más aun en las zonas en conflicto, obedece a oscuros intereses materiales […]. Estas reiterativas y concertadas notas de opinión concluyen –o sugieren– que dado que los derechos y demandas y la misma existencia de los mapuches son falsos, estos últimos deben ser desoídos y borrados del mapa del conflicto” [5].

La antropóloga explica que la afirmación tan difundida que dice que “los mapuches son chilenos” es errónea tanto desde el punto de vista histórico como antropológico, pero muestra a las claras cómo estos argumentos falaces son reeditados en los medios de comunicación cuando el pueblo mapuche pelea por recuperar sus territorios, y funcionan para legitimar la criminalización y represión a las comunidades.