Corrupción: una causa que acorrala a Scioli
Se trata de la adquisición ilícita por la Provincia de la firma Ignacio F. Wasserman S.A.
Una denuncia presentada tiempo atrás contra el gobernador Daniel Scioli por “fraude al Estado” a raíz de la supuesta adquisición ilícita de una fábrica en quiebra, podría ser la herramienta elegida por el ultracristinismo para dejarlo fuera de la carrera presidencial. Esto, según fuentes de Olivos, podría ocurrir en caso de que CFK opte finalmente por un candidato presidencial de su absoluta confianza o negocie con Sergio Massa.
La denuncia, de prosperar, podría derivar en un pedido de juicio político contra el propio gobernador. En la presentación judicial están involucrados, además, el ex ministro de Producción, Martín Ferré -actual titular de la cartera de Desarrollo Social-, el ex fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski -ya fallecido-, y el ministro de Justicia Ricardo Casal, por cuanto en la operación habría intervenido el estudio “Caporal, Citara y Casal”, relacionado con el funcionario.
Se trata de la denuncia realizada por el abogado Luis Caro, del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, por la presunta adquisición ilícita por parte de la Provincia de la firma Ignacio F. Wasserman SA, concursada en 2003 y sin disposición de sus bienes.
La presentación fue hecha ante la Fiscalía N° 8 de La Plata, y entiende en la causa el juez César Melazzo. Caro denunció al gobernador Scioli por los delitos de “fraude al Estado provincial”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “asociación ilícita” en perjuicio de la provincia de Buenos Aires en el marco de la expropiación de la empresa, que había sido recuperada por sus trabajadores.
El caso fue una primicia exclusiva de NOVA hace más de 3 años, en octubre de 2010. En aquella oportunidad, este medio informó que el gobernador Scioli “ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos”.
La compra de esa cooperativa, ordenada por el mandatario mediante un “decreto extractado” -el 717/2010-, generó preocupación en ámbitos políticos y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden de hacer frente a un pago que ascendió a 101 millones de pesos cuando la valuación fiscal era de 20 millones.
Ahora el escándalo estalló y amenaza con “llevarse puesto” a más de uno.
Ferré fue electo diputado por la Séptima Sección en las elecciones del año pasado, pero dejó su banca para asumir en la cartera de Desarrollo Social, luego de ver frustradas sus intenciones de ser jefe del bloque del FpV o detentar algún cargo de autoridad en el cuerpo. En su lugar asumió Mario Caputo, un hombre que responde al ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Según analizaron fuentes legislativas, si Martín Ferré regresara a su escaño acosado por la Justicia, Randazzo estaría perdiendo a uno de los suyos en la Legislatura bonaerense. Un claro retroceso en el armado del hombre de Chivilcoy, que no resigna sus aspiraciones en el territorio provincial.
Sin embargo, todas estas alternativas serían minucias al lado de la posibilidad, concreta, de que el propio gobernador Scioli sea sometido a juicio político por este caso de presunta corrupción. Pero, como toda historia, ésta también tiene un comienzo.
El “relato”: Todo comenzó en 2002, durante la gobernación de Felipe Solá, cuando el Estado bonaerense decidió declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las respectivas instalaciones de propiedad de la firma “Ignacio Wasserman SA”.
La firma era un centro de servicios metalúrgicos que proveía chapas, flejes y tubos de acero con una producción promedio de nueve mil toneladas mensuales. La Provincia decidió expropiarla y adjudicarla en propiedad a título oneroso por venta directa a la Cooperativa de Trabajo “Los Constituyentes Limitada”.
Sin embargo de acuerdo a la información suministrada a NOVA en su momento por funcionarios bonaerenses, la “verdadera historia” es que, en 1995, en plena recesión industrial, Ignacio Wasserman decidió firmar un contrato para alquilar la planta temporalmente a los empleados, quienes ya habían conformado la cooperativa, para que pudieran seguir trabajando por su cuenta y así evitar, además, sus despidos.
La empresa seguía pagando impuestos y deuda pero, para desgracia de Wasserman, la cooperativa se convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la Legislatura, que dictó la Ley 12.996 de expropiación de la fábrica y la entregó a los trabajadores.
En el año 2004, ya fuera de su empresa, Ignacio Wasserman decidió iniciar un juicio de expropiación inversa en el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de San Isidro. Así, tras largos procedimientos judiciales, formuló una propuesta transaccional ante la Fiscalía de Estado por la suma de 130 millones de pesos.
Finalmente, en enero de 2010, tras las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia (con la firma de su jefe, Carlos Machiaroli) el Ministerio de la Producción a cargo de Ferré y la Secretaría Legal y Técnica, se autorizó al fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, a efectuar el acuerdo transaccional.
El acuerdo consistió en que la Provincia aportó 101 millones de pesos con bonos de cancelación de deuda, mientras que la cooperativa “Los Constituyentes Limitada” se comprometió a abonar 20 millones en cuotas semestrales de 600 mil pesos.
En rigor de verdad, el Estado bonaerense pagó 101 millones de pesos por una cooperativa en la que trabajan 60 personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales. Toda esta información es la que hoy cuenta el juez Melazzo y que puede ser el arma secreta del circulo presidencial si se decide finalmente prescindir del ex motonauta.
Comentarios
Publicar un comentario